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Las necesidades financieras públicas están provocando que las comunidades autónomas agilicen la tramitación de los concursos para la construcción o explotación de puertos y dársenas deportivas.
La privatización de la gestión de la náutica permite poner capital privado a disposición de un interés público -promoción deportiva, económica, incremento de oferta turística-, capital privado que es aportado por los socios de clubs náuticos o entidades mercantiles. Además, ofrece la oportunidad de renovación y mejora de las instalaciones náutico deportivas. Por último, facilita un incremento de ingresos por vía de tasas y cánones concesionales en las arcas públicas y un ahorro de estructuras administrativas.
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